La sede de Enginyers Industrials de Catalunya, en Barcelona, fue el pasado miércoles el escenario de la jornada “Els residus municipals a Catalunya en el marc de les Directives Europees”, a la que, entre otros sectores e instituciones expertas en la materia, se invitó a participar también a la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) para aportar el análisis desde un punto de vista industrial.
Uno de los principales asuntos que se trataron fue el anuncio por parte del Govern de la Generalitat de un plan de cierre de las incineradoras de residuos ya existentes en el plazo de dos años, y el establecimiento, hasta entonces, de una moratoria que detiene cualquier nueva instalación o ampliación de las existentes, así como también las solicitudes en tramitación.
La responsable del Departamento de Medio Ambiente de la AEQT, Laura Martín, alertó durante la mesa redonda de los riesgos que comporta esta medida, que de entrada es un freno a nuevas inversiones: “Cualquier empresa que se plantee nuevas unidades de producción, o ampliaciones o cambios en sus procesos, necesita saber que los residuos que se generarán a raíz de ese crecimiento podrán ser gestionados adecuadamente. Y esto con la moratoria es imposible, y una vez pasen estos dos años, el anuncio de un plan de cierre genera incertidumbre e inseguridad”, argumentó.
“Por tanto, la medida está frenando la llegada de inversiones para la industria catalana, y no sólo de nuevas empresas interesadas en instalarse en el territorio, sino incluso de multinacionales que ya están en nuestro país y deben decidir entre varios de sus “sites” en toda Europa. Esta medida va en contra de la competitividad y la inversión de calidad en Catalunya”, avisa Martín, y recuerda que “se añade a otras problemáticas bien conocidas como los precios de la energía”.
Además, la responsable de Medio Ambiente de la AEQT recordó que la decisión del Govern también genera incertidumbre en las propias incineradoras, que precisamente ahora se encuentran en un momento de necesidad de inversiones importantes para adaptarse a la nueva normativa europea (antes de finales de 2023 deben cumplir con el BREF de Incineración de Residuos). Martín explicó que «las empresas ven como un riesgo adaptar su instalación a estos nuevos requerimientos europeos, con la inversión que comporta, cuando se ha anunciado que antes de dos años se pondrá en marcha un plan para su desmantelamiento».
La representante de la AEQT compartió mesa con la directora del grupo de Ecología Industrial en el Instituto CIRCE, Alicia Valero; el vicepresidente 2º de la Cambra de Terrassa y presidente del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines, Nacho Navarro; el director de la Fundació Fòrum Ambiental, Leandro Barquin; y el profesor emérito de la Cátedra de Transición Energética UB-Fundació Repsol, Mariano Marzo.
Más huella de carbono y contra la tendencia europea
Además de advertir de sus riesgos e incertidumbres sobre la industria, Laura Martín incidió también en las incoherencias del plan de cierre y la moratoria acordada por el Govern. “Según la Unión Europea, la incineración es la vía de gestión correcta por determinados residuos. El propio catálogo de residuos de Catalunya contempla que, en determinados casos, la incineración es la mejor opción, o incluso la única”, explicó.
De este modo, “si un residuo debe incinerarse porque ésta es, de acuerdo con el catálogo, la manera más eficiente y sostenible de hacerlo, pero no se puede hacer aquí en Catalunya como consecuencia de esta normativa, deberá enviarse a incinerar a otro país, con lo que supondrá un aumento de su huella de carbono debido al transporte, aparte del incremento del riesgo”, puso de manifiesto Martín, quien además apuntó que «en las nuevas propuestas de la Comisión Europea al Pacto Verde Europeo justamente se quieren limitar las exportaciones de residuos». Por tanto, esta nueva normativa catalana «va en contra de la filosofía que, en este ámbito, se está impulsando desde Europa». No hay que olvidar que las soluciones de incineración actuales se adaptan a la normativa europea más exigente, y que se encuentra entre las más avanzadas del mundo.
Por último, Martín recordó que «la contribución de la incineración a las emisiones de CO2 es mínima y representa alrededor de un 0,05% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la Unión Europea». «El papel que juega la incineración de residuos peligrosos es eliminar, o al menos reducir significativamente, los peligros de todas las sustancias preocupantes que, sin la incineración, impactarían directamente en la salud y en el medio ambiente si se liberan directamente. Precisamente por eso está catalogada como la forma más adecuada de gestionarlos», acabó.
Además de la mesa redonda, durante el acto también se presentó el «Informe sobre l’aplicació de les Directives europees en matèria de residus municipals a Catalunya», elaborado por la Comisión de Cambio Climático y Economía Circular de Enginyers Industrials de Catalunya. El informe evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos que fijan las directivas europeas en materia de residuos municipales en Catalunya. El informe concluye, en la misma línea de lo expresado en la mesa redonda, que el plan de cierre de las incineradoras existentes aprobado por el Govern dificultará aún más el objetivo fijado en la Directiva que limita al 10% de la generación, las cantidades destinadas a vertedero en 2035.
