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Los ministros Fátima Báñez, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos comparecen tras el Consejo de Ministros del 2 de agosto, en el que se aprobó el Anteproyecto.

El CGCQ presenta alegaciones particulares al Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales

El Consejo General de Colegios de Químicos advierte al gobierno de los perjuicios para el ejercicio profesional y el ciudadano.

Las instituciones colegiales químicas advierten de la desprotección del ciudadano si desaparece el control independiente y especializado de los profesionales, tal como propicia el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales aprobado por el Gobierno el pasado 2 de agosto. Así lo ha hecho saber el Consejo General de Colegios de Químicos de España, que ya ha presentado alegaciones particulares al texto, pues considera fundamental “un control deontológico” de la práctica química que evite repercusiones negativas para la salud y seguridad de personas y bienes.

Esta institución estima “imprescindible” la función de vigilancia que los colegios hacen contra el intrusismo, así como las labores de formación, control ético y fomento de buenas prácticas. La colegiación garantiza a los consumidores la idoneidad de los profesionales para su ejercicio.

La supervisión de la mala praxis profesional, del visado de proyectos, de la contratación de seguros de responsabilidad civil para hacer frente a reclamaciones y compensar daños, etc., no pueden sustituirse por simples registros administrativos y va en contra de los derechos del público. Además, hay que sopesar las hipótesis de las mejoras económicas anunciadas, quizás como señuelo, frente a los daños tangibles e intangibles que el cambio regulatorio puede ocasionar.

No debe desregularizarse un sistema que garantiza la supervisión de la calidad de los servicios profesionales, cuyo coste es soportado por los propios profesionales debido a la imposibilidad de la Administración de asumir las funciones de los colegios. Y todo, para ir a un escenario de judicialización, donde el ciudadano tendrá que acarrear con los gastos y el tiempo de espera.

También hay que desmentir numerosas inexactitudes sobre los asuntos colegiales que, de forma intencionada, se trasladan a la opinión pública. Los colegios de químicos, como muchos otros, son democráticos e independientes; no reciben financiación de los poderes públicos; sus cargos no son remunerados; las cuotas de los colegiados son reducidas y solo cubren los servicios, y sus cuentas están aprobadas y supervisadas colectivamente.

Esfuerzo de adaptación

Con motivo de la Ley Ómnibus, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2009, los colegios profesionales ya han realizado un gran esfuerzo y han adaptado sus estructuras para encargarse de muchos de los aspectos que el nuevo Anteproyecto reclama, incluida la atención, a través de la ventanilla única, de los consumidores y usuarios.

La normativa europea, además, no impone la supresión de la colegiación obligatoria. De hecho, otros países comunitarios ya han ajustado su legislación sin eliminarla.

El Anteproyecto del Ejecutivo incluye muchos matices positivos —bastantes de ellos ya aplicables—, entre los que estarían el ejercicio en libre competencia; el acceso de ejercicio en todo el territorio; los derechos y obligaciones de los profesionales; el buen gobierno de las corporaciones colegiales; el régimen económico; la transparencia; el impulso de la formación continua; la certificación de profesionales, y la protección de los intereses del ciudadano.

Sin embargo, hay otros puntos muy cuestionables, como son la forma de control de las corporaciones; el control del código deontológico, o la discriminación en colegiación obligatoria de los profesionales de la ciencia y la tecnología química respecto a otros que realizan las mismas actividades.

Estas alegaciones del Consejo General de Químicos se suman a las ya presentadas por Unión Profesional y a las que, junto con los colegios científico-tecnológicos, se han trasladado igualmente al Ministerio de Economía y Competitividad. Todas las acciones y esfuerzos seguirán trasladándose durante el trámite parlamentario que conllevará la aprobación del Proyecto de Ley. Entre tanto, se están poniendo de manifiesto a los miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, todas las consecuencias que acarreará la validación del texto tal y como está planteado.

Más información:

Lorenzo Baselga
Secretario General Técnico
Consejo General de Colegios de Químicos de España

Tel. +34 914 310 703
lbaselga@anque.es